Corporación Humanas
El derecho al aborto legal, a siete años de la entrada en vigencia de la ley IVE en Chile, continúa enfrentando graves obstáculos en su implementación. La objeción de conciencia, concebida originalmente como una excepción, se ha transformado en una barrera estructural que impide el acceso efectivo a este derecho en el sistema público de salud.
Así lo evidencia el Informe sobre Objeción de Conciencia 2024 de Corporación Humanas, que sistematiza información oficial del Ministerio de Salud y expone con claridad cómo la objeción sigue operando en desmedro de las mujeres, niñas y personas gestantes, especialmente en la causal de violación, donde el impacto es más agudo.
Datos clave que muestran una práctica sistemática:
● A nivel nacional, el 41,6% de las y los profesionales obstetras de hospitales
públicos se declara objetor/a en la causal de violación.
● En 14 hospitales del país, más de dos tercios del equipo obstetra es objetor/a en la
causal violación, lo que restringe gravemente la atención.
● En los Hospitales de Cauquenes, Constitución y Lautaro, el 100% del personal
obstetra se acoge a la objeción en la causal violación, dejando sin alternativa
real a quienes requieren la prestación.
● Las regiones con mayor índice de objeción en esta causal son O’Higgins (68,9%) y
Maule (60%), lo que evidencia una profunda desigualdad territorial que niega el
derecho según el lugar de residencia.
A siete años: el Estado sigue al debe
La objeción de conciencia no puede significar una vulneración del derecho de las pacientes. Sin embargo, en la práctica, el Estado no ha adoptado medidas suficientes para garantizar la atención en todos los establecimientos públicos y fiscalizar el uso abusivo de la
objeción.
Esta situación afecta con mayor fuerza a las mujeres y niñas que han sido víctimas de violencia sexual, quienes muchas veces enfrentan no solo la revictimización del sistema de salud, sino también la imposibilidad de acceder a una atención médica oportuna y sin
juicios morales.
Desde Corporación Humanas proponemos:
- Una regulación estricta y transparente del uso de la objeción de conciencia, tanto individual como institucional.
- La creación de mecanismos eficaces de fiscalización y sanción ante el incumplimiento de la ley.
- Medidas urgentes para asegurar la equidad territorial y que el lugar de residencia no condicione el acceso al aborto legal.
- Reconocer que el aborto es un derecho humano y un componente esencial del derecho a la salud y a una vida libre de violencia.
«La modificación del reglamento es una oportunidad para subsanar las falencias que ha tenido la implementación de la ley. Mientras no se establezcan mecanismos eficaces defiscalización y sanción frente a la objeción de conciencia, las barreras para acceder al aborto legal seguirán vigentes”, señala Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas.
El reciente ingreso al Congreso Nacional del proyecto de ley de aborto por plazos representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un marco legal que realmente garantice la autonomía reproductiva. Desde Corporación Humanas llamamos al Congreso a abrir este debate con altura de miras, centrado en los derechos humanos, la evidencia y la urgencia de una legislación acorde a los estándares internacionales. No se puede seguir negando derechos bajo el amparo de la objeción. Chile necesita avanzar. Es tiempo de legislar.