Por Natalie Gilbert*
*Reportaje y visualización de datos realizada en el marco del Curso Periodismo de Investigación 2021 organizado por Espacio Público, la Sociedad Latinoamericana de Corresponsales y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios de la Unesco, dirigido por el periodista Mauricio Weibel. Este reportaje originalmente fue publicado en el sitio de La Red, junto a los ganadores del Premio Libertad de Expresión 2022. Sin embargo, todos ellos fueron bajados. Como Voz Indómita, consideramos que es un material valioso, y queremos contribuir a su difusión volviendo a publicarlo en nuestro medio de comunicación.
Entre octubre de 2019 y junio de 2021 se registraron 331 denuncias por vulneraciones a la prensa. La impunidad frente a los cientos de casos ocurridos bajo el gobierno de Sebastián Piñera, expone de manera preocupante, una realidad que no es nueva, sino que persiste durante las últimas décadas: la violencia estatal en contra de comunicadoras y comunicadores en Chile.
La siguiente es la historia del camarógrafo de un canal de televisión, Alejandro Torres, y de una fotoreportera independiente, Ignacia Cano. Ambos no pudieron seguir trabajando después de sufrir las agresiones de Carabineros. Todo ello en un contexto general de aumento de los ataques a periodistas que cubren manifestaciones y actividades callejeras, post estallido social chileno.
“Estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”
ALEJANDRO TORRES (46), CAMARÓGRAFO
Alejandro Torres relata que el 22 de octubre de 2019 estaba trabajando como comunicador audiovisual para Mega en Concepción. “Nos dirigíamos a Hualpén y sobre la marcha, transmitían en la Biobío acerca de un saqueo en un supermercado de Chiguayante, fuimos y claro, había gente”.Torres recuerda que todo sucedió rápidamente. “Siento disparos como de lacrimógena y balines, me bajé del auto y justo la gente comenzó a arrancar hacia donde estaba yo. Abro la puerta de atrás, saco mi cámara, me acomodo para empezar a grabar; no alcancé a usarla casi nada, sentí el disparo y el dolor en el ojo, ahí me desmayé, como que perdí el conocimiento por un par de segundos y me caí.”
Cuando Alejandro recuperó la consciencia, escuchó a una persona que trataba de ayudarlo: “Estaba en el suelo y veía las zapatillas de alguien que me decía ‘amigo párese, párese’ y me pedía la cámara, ‘préstame la cámara, si no te la voy a robar. Después me paró y me grabó con un celular, en eso giró con su cámara y le dijo a un carabinero que estaba ahí: ‘¡usted le disparó al periodista!’”. Según recuerda Alejandro, el mayor Luis Mahuzier Pannes se estaba haciendo el desentendido: “Hasta que me tomó del brazo y me llevó donde otro carabinero que me subió a un retén móvil. Me trasladaron al consultorio de Chiguayante y de ahí, en ambulancia a Concepción”.
Al día siguiente, fue el propio mayor Luis Mahuzier Pannes quien confesó haber sido el autor del disparo que le quitó la visión de un ojo de por vida a Alejandro. El oficial sostuvo que no se había percatado que Alejandro era un trabajador de la prensa. De ahí en adelante comenzó un proceso judicial en que, hasta más de 2 años después de la agresión, el autor confeso no ha sido formalizado en tribunales.
“Cuando se supo que el carabinero había confesado empezaron a llamar del INDH, de Amnistía Internacional, de la ONU y de Ojos para Chile, pero la fiscalía va a paso de tortuga, no ha habido ningún avance, al carabinero todavía no se le procesa. El último peritaje, que fue casi como una reconstitución de escena, fue para conocer la dinámica del proyectil, y por lo que dijo la PDI, Mahuzier disparó a sólo 26 metros de distancia. Al final, estamos más cerca de la impunidad que de la justicia”.
En paralelo, internado en el Hospital de Concepción, Alejandro se enteró que había quedado ciego de su ojo izquierdo, el balín estaba alojado detrás del globo ocular, y en el recinto le dijeron que no era necesario operarse. En la misma habitación había otras tres personas con traumas oculares, incluso un hombre con pérdida de globo ocular por un disparo de la policía.
Junto a su familia decidieron que lo mejor era trasladarse a Santiago, además contaba con el apoyo monetario del canal de televisión ante los gastos médicos que necesitara. Tuvo que asumir la responsabilidad del traslado, ya que en el Hospital no le dieron el alta. Tres días después ya ingresado en la Clínica Alemana de Vitacura, le dieron el mismo diagnóstico, ceguera en su ojo izquierdo, sin necesidad de sacar el proyectil, hasta que lo atendió otro médico que decidió operar y lo extrajo.
Alejandro cuenta que estaba preocupado porque no sabía en cuánto tiempo iba a poder trabajar, así que habló con el canal. “Ellos sólo me estaban costeando los gastos de salud y yo les pregunté qué iba a pasar en estos meses que yo estaría convaleciente, sin poder trabajar. Llegamos a un acuerdo, entre comillas, como un seguro o un finiquito con un monto que tuve que hacer rendir. Estuve como seis meses en que no podía hacer mucho. Cerramos ante notario con mi firma, obviamente ellos querían asegurarse de que yo no los demandaría”.
Torres admite que el presente no es fácil. “De repente caigo un poco en la depresión, estar con incertidumbre es angustiante, no saber qué va a pasar más adelante en lo laboral, en lo judicial y también en la parte médica”, dice. “Ya no puedo trabajar en prensa -prosigue- porque en prensa hay que estar con los cinco sentidos y más, y ya no los tengo… Un tío tiene una playa de estacionamientos y ahí pituteo desde marzo, les cobro a los autos, les doy un vale, los guío para que se estacionen, eso hago… Es triste no volver a hacer lo que uno ama. Trabajé más de dieciocho años en lo mismo, en lo que siempre quise estudiar y de un rato a otro se truncó”.
Alejandro relata, además, que en la atención sanitaria estatal ha debido enfrentar ciertos problemas y maltrato: “Siempre que llego allá es lo mismo. Primero las tens (auxiliares) me revisan, siempre me cierran el ojo bueno para que yo vea con el malo, entonces yo ya no sé, es repetitivo, ellas ya deberían saber por mi historial que con ese ojo no veo, -Vea por este ojo- me dicen. -¡Es que no veo por ese ojo!-, les contesto. Siempre que voy es lo mismo, creo que falta un poco de empatía, si yo tengo una ficha, por lo menos debieran leerla… En el último control me trató otro médico, me revisó y me dijo que se estaba produciendo una catarata, después me dijo que quizás se me forma un glaucoma. Ambas enfermedades se pueden operar, pero en el fondo, me dijeron para qué las vamos operar si ya tienes el ojo malo. Lo mismo que me habían dicho antes con el perdigón, ahora me lo están diciendo con lo que se me está formando, y yo le dije: pero eso puede afectar la apariencia de mi ojo, porque se forma una tela o algo así, los ojos se te secan o se te ven de otra forma… -Sí- me dijo, eso te va a pasar. Entonces, creo que a veces existe una falta de empatía tremenda en el sistema de salud pública”.
En el ámbito familiar, la agresión sufrida por Alejandro los golpeó a todos. “Somos una familia unida, mi papá, mamá, hermanos y además mi núcleo que es mi hija y mi pareja. Cuando me pasó esto, ella estuvo dos meses con licencia psiquiátrica, mi hija, que actualmente está en 4ª medio, igual estuvo con un poco de depresión, esto nos ha afectado a todos”.
Al reflexionar, sobre lo que le ha ocurrido, Alejandro hace foco en la responsabilidad que debieran adoptar los grandes medios de comunicación hacia las y los trabajadores de la prensa en contextos de crisis política. “Es muy importante que los medios no te manden así no más a la calle, sino que entreguen los elementos de protección personal que corresponden y así evitar ataques tan graves como el que he vivido yo”. Además, Alejandro hace eco de la sensación de injusticia que percibe. “La semana pasada me reuní con otras personas que también sufrieron lesiones por la violencia policial, ellos ni siquiera saben quién les disparó, si en mi caso, sí lo sé y no ha servido de nada, no me imagino cómo será para ellos el lograr justicia”.
“Levanté mi credencial de reportera gráfica, me di vuelta y solo escuché el disparo”
IGNACIA CANO (22), FOTOREPORTERA
“A los carabineros que estaban delante mío, les levanto mi credencial de reportera gráfica y cuando me doy vuelta para mostrarla a los que están detrás mío, sólo escuché el disparo y luego me desperté en el piso. No sé cuánto tiempo estuve allí. Vi que mi cámara tenía sangre, me toqué el gorro de mi polerón y era sangre, el jockey que llevaba puesto, ya no lo tenía. Me levanté y caminé entre medio de los carabineros que seguían llegando. Caminé una cuadra hacia un pub-restorant , donde estaba la Brigada de Primeros Auxilios”.
Ignacia Cano Cárcamo, fotoreportera, recuerda cada momento de ese 22 de noviembre de 2019. Estaba en el centro de Puerto Montt registrando las manifestaciones sociales para la Colectiva Gráfica La Teja. “Previo a la revuelta, nosotras ya llevábamos un tiempo con la Colectiva Gráfica haciendo serigrafía y fotografía en marchas y convocatorias. Cuando llegó el estallido empezamos a sacar full fotos y videos todos los días”, explica Ignacia.
Movilizaciones en Puerto Montt 2019, registro de Ignacia Cano.
Al ver la cantidad de detenidos y heridos tras las manifestaciones, acordaron estar siempre acompañadas. De hecho, ese 22 de noviembre, Ignacia estaba con su hermano, pero en un momento se separaron. Fue ahí cuando a la joven le llamó la atención un motociclista de casco blanco que recorría distintos puntos de la Plaza de Armas de Puerto Montt, la que a esa hora de la noche sólo era iluminada con las llamas de una barricada levantada frente a la Catedral. “Habían cortado la luz de los postes de al menos dos cuadras a la redonda. Iba a llamar a mi hermano cuando desde la oscuridad aparece un piquete de Carabineros y la gente empieza a correr, mientras yo grababa todo. Hicieron una encerrona con carabineros saliendo desde dos lados. Yo me quedé detrás de un árbol grabando y no me di cuenta de que del otro lado de la calle también venían carabineros, uno de ellos había pasado detrás mío, ese fue el que me disparó una lacrimógena, a menos de 3 metros de distancia”, evoca.
Luego del impacto, cuando se logra levantar del suelo, Ignacia constata que la gente escapa del lugar. “Los Carabineros que estaban ahí me ignoraron. De hecho, yo creí que me iban a detener, pero no. Avancé muy lento, iba llorando, me acuerdo, porque tenía mis manos todas en sangre después de haber tocado mi cabeza y no reaccionaba, no sabía a quién pedirle ayuda, porque no quería que me llevaran detenida. A media cuadra alzo los brazos y unas muchachas que me vieron, me llevaron, me sentaron y me empezaron a revisar la cabeza”, recuerda la joven.
Las voluntarias de la Brigada de Primeros Auxilios Puerto Montt llevaron a Ignacia a un lugar seguro y llamaron a una ambulancia, luego de eso la joven fue atendida en un centro de salud donde estuvo acompañada de familiares y una observadora de DDHH, quien debió insistir para que en la hoja de atención se detallara que la herida había sido provocada por Carabineros. Cuando Ignacia pudo revisar su cámara notó algo extraño, “faltaban dos videos que yo recuerdo haber grabado. Uno cuando iba caminando y el otro cuando me quedé detrás del árbol grabando a los Carabineros. Recuerdo perfectamente esos videos, porque estaba muy oscuro, así que le subí el ISO y la imagen había quedado muy ruidosa, además la cámara tenía sangre en lugares donde no debiera haber tenido”.
Esta agresión, junto a la de decenas de comunicadores y comunicadoras afectados por el uso desmedido de la fuerza de carabineros de Puerto Montt, fue materia de un recurso de amparo presentado en diciembre de 2019. Por aquel proceso, la Fiscalía de Puerto Montt llamó a declarar dos veces a Ignacia. En la última ocasión, le dijeron que sólo cinco carabineros estaban autorizados esa noche para disparar lacrimógenas. Sin embargo, hasta hoy, no hay avances. “Lo encuentro nefasto. A mí y a otras personas nos han archivado el caso por falta de pruebas, los carabineros una vez más con sus pactos de silencio se tapan los crímenes entre ellos”, reclama.
Sin embargo, aquella no fue la única agresión que sufrió Ignacia. “El 2 de marzo de 2020 fui a grabar una marcha. Cuando la manifestación ya estaba terminando, recuerdo que los carabineros no daban abasto para la cantidad de gente que había y empezaron a detener a personas que ni siquiera se estaban manifestando. Entre ellas había una señora que estaba esperando locomoción con su hija, el pololo de su hija y una sobrina. De pronto vi cómo un carabinero le pegaba a un chico en la cara y que otros carabineros tenían sujetada de piernas y brazos a la señora. Yo me acerqué a grabar y en eso me pegan un lumazo por detrás, en las rodillas, y entonces yo caigo, me levantan del pelo y me tiran al camión con la gente que habían detenido”. Ya en el vehículo policial, Ignacia pudo ver que, “la señora sujetaba su brazo porque le habían golpeado muy fuerte, el chico tenía sangre en el ojo porque le habían pegado en la ceja y las otras dos niñas estaban histéricas”.
Según recuerda, esta detención fue cerca de las 22 horas en las cercanías nuevamente de la Plaza de Puerto Montt. Después de más de una hora, fueron trasladados a la Comisaría, donde fueron encerrados en un calabozo hasta las siete de la mañana. “Al otro día nos llevaron a Gendarmería de la Fiscalía y ahí fue todo muy horrible, nos volvieron a registrar, esa revisión de sacarse los sostenes, bajarse los calzones, igual que en la comisaría”, detalla. Posteriormente, en la audiencia, la Jueza Mónica Sierpe Scheuch declaró la detención como legal. Luego de eso, vino la pandemia por coronavirus y un proceso que se desarrolló vía telemática. Según consta en la carpeta judicial, Ignacia fue formalizada por desórdenes públicos, además de recibir una querella en su contra por parte de la Intendencia de Puerto Montt, en ese entonces a cargo de Harry Jürgensen, actual convencional constituyente de Renovación Nacional.
“(En la audiencia) nos dicen que admitiéramos lo de los desórdenes públicos para que no pasáramos a un juicio con abogados, yo la verdad, ganas de continuar un proceso judicial no tenía, entonces dije que sí y tuve que aceptar la condición de no bajar al centro en un año”.
Sin embargo, nada terminó, admite. “El primer año no podía soportar la presión, los sonidos muy fuertes, no podía. Si veía en el celular videos de represión, los silenciaba porque si escuchaba un disparo yo saltaba. Fue muy traumante, lloré mucho tiempo, no entendía por qué no había justicia, por qué siguen pasando tantas cosas ¿El sentimiento sobre todo esto? Desamparo quizás, tampoco esperaba nada del sistema e igual logró decepcionarme”.
Registrar la violencia
“En el estallido, nos empezaron a llegar decenas de alertas diarias. La situación era muy preocupante y empezamos a registrarlo. Pero nos desbordó porque somos una organización pequeña y estábamos habituados a una recopilación de datos mucho menor”, comenta Javier García, director del Observatorio por el Derecho a la Comunicación (ODC). De hecho, García relata que fueron los propios comunicadores quienes comenzaron a organizarse: “Empezaron a hacer asambleas de gráficos, de gente que hacía cobertura y eso permitió que pudiéramos ir recopilando casos, porque nadie lo estaba haciendo de una manera más sistemática, lo que nos permitió adoptar cierta metodología”.
Y es que no sólo se trataba del aumento en las cifras que contabilizan estas agresiones, en su mayor parte cometidas por efectivos de Carabineros, sino que también una mayor gravedad en las denuncias. De hecho, el II Reporte de Seguimiento de las recomendaciones del Informe Anual 2019 del INDH, afirma que, al 15 de octubre de 2021, es decir, a dos años del estallido social, sólo cuatro agentes estatales han sido condenados por delitos cometidos en contexto de la revuelta, “de las 3.479 causas vigentes por violación de derechos humanos, se han formalizado a 137 agentes estatales y sólo en cuatro de ellas se ha dictado una sentencia definitiva condenatoria”, afirma el documento del INDH.
Ninguno de esos 137 casos está relacionado con causas vinculadas a agresiones a trabajadores de la prensa. Según Javier García la importancia de levantar datos sobre los atropellos a la prensa es justamente porque permiten evidenciar otras vulneraciones, “porque lo que lo que no se conoce no existe, aunque esté pasando, entonces si es una realidad que está oculta, pues, nadie va a poner medidas para remediarlo”. El trabajo de la prensa es el que permite que un hecho puntual y su contexto sean conocidos, generando evidencia y registros ante actos ilegales de la policía, en el marco de manifestaciones.
Por ejemplo, en el caso de la agresión al estudiante de sicología Gustavo Gatica, quien perdió ambos ojos por disparos recibidos en su rostro, los registros de Piensa Prensa permitieron ubicar el teniente coronel (r) Claudio Crespo en el lugar de los hechos, jornada en que este uniformado disparó 170 veces con su escopeta antidisturbios, según los registros policiales. Crespo está hoy doblemente formalizado. Por una parte se le imputa el delito de apremios ilegítimos en contra de Gustavo Gatica, crimen por el que estuvo en prisión preventiva hasta el pasado 12 de octubre y, por otro; el delito de apremios ilegítimos, detención ilegal y obstrucción a la investigación en el caso de un joven que recibió once perdigones en su rostro en marzo de 2018, cuya investigación ha sido retomada por la fiscal Ximena Chong.
El ex carabinero presentó un recurso de protección contra Piensa Prensa por publicar imágenes suyas, sin embargo, la acción fue desestimada el 9 de octubre de 2021, por la Corte de Apelaciones de Santiago. El mismo tribunal accedió a la solicitud de la defensa de Crespo y revocó la prisión preventiva por el caso de Gustavo Gatica, decretando arraigo nacional y firma quincenal, lo que lo deja en libertad mientras dura la investigación.
Las agresiones policiales hacia la prensa no distinguen nacionalidad, como constata la agresión sufrida por Paula Acunzo, fotógrafa argentina, con gran experiencia en cubrir situaciones de crisis política y social en zonas de conflicto. El 23 de octubre de 2019, en el marco de su cobertura del estallido social, fue impactada por el chorro de un carro lanzaguas, luego un efectivo de carabineros la golpeó en el rostro y rompió su equipo fotográfico, tal como fue difundido por Redes Sociales. Sólo seis días más tarde, Acunzo nuevamente fue agredida. “Lo que da más bronca es haberte identificado como prensa y que, sin embargo, te peguen”, afirmó en un video difundido por Twitter. Según comentó Paula Acunzo, hace unos meses fue entrevistada por la fiscal Ximena Chong sobre lo ocurrido, sin embargo, no sabe más acerca de un eventual proceso que busque dar con los responsables materiales de las vulneraciones que sufrió ejerciendo su trabajo de corresponsal extranjera en Chile, “Aún no conozco nada sobre si ha avanzado, ya que nadie se ha contactado conmigo. La cuestión es que he sufrido violencia, acoso, golpes y un balinazo”.
Y no es un hecho aislado, la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) denunció múltiples agresiones contra comunicadores de medios extranjeros, en especial desde el estallido social de 2019.
Una noticia de larga data
Las agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa por parte de agentes estatales no son una novedad en Chile. Los asesinatos de José Carrasco y Rodrigo Rojas o la desaparición forzada de Diana Aron, todos hechos ocurridos durante la dictadura civil militar (1973-1990), son algunos de los eventos más dramáticos de los últimos cincuenta años. Sin embargo, en las últimas dos décadas, los informes anuales de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) registraron que persisten en el país actos de violencia física contra de la prensa, restricciones en el acceso a la información pública y ataques a la privacidad de periodistas.
De hecho, el retorno a la democracia en 1990 no impidió que se mantuviera también el hostigamiento y persecución penal a periodistas que investigaban violaciones a los derechos humanos o corrupción. En 1991, por ejemplo, el fallecido general Sergio Arellano Stark interpuso una querella por injurias contra la reportera Patricia Verdugo, autora del libro “Los Zarpazos del Puma”, donde narraba el asesinato de decenas de civiles, a manos de un comando militar apodado La Caravana de la Muerte.
Por su parte, el libro Impunidad Diplomática del periodista Francisco Martorell fue prohibido en 1993, luego de que el empresario Andrónico Luksic presentara un recurso de protección, argumentando que el texto violaba su derecho a la privacidad, al exponer su participación en fiestas organizadas por el embajador argentino Sergio Espinoza Melo.
Lo mismo ocurrió, más tarde en 1999, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, con “El Libro Negro de la Justicia Chilena” de la periodista Alejandra Matus, cuyo trabajo no sólo fue confiscado y su circulación prohibida, sino que ella, junto a Editorial Planeta, fue acusada de difamación. Ello a raíz de que Servando Jordán, ministro de la Corte Suprema en ejercicio por ese entonces, interpusiera una acción judicial apelando al artículo 6, letra B de la Ley de Seguridad Interior del Estado que sancionaba como delito contra el orden público y la integridad del Estado la injuria, calumnia y difamación contra autoridades como el Presidente de la República, los ministros de Estado, los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, el Contralor General y los jueces de la Corte Suprema.
En pleno siglo XXI, uno de los eventos más emblemáticos fue la agresión policial contra el fotógrafo Víctor Salas de la Agencia EFE, como rescató la propia Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe de 2008. El reportero gráfico, quien perdió la visión de su ojo derecho tras recibir un golpe con un bastón policial cuando cubría una movilización, enfrentó un proceso de cinco años en la justicia militar contra el cabo de Carabineros Iván Barría Álvarez, quien finalmente fue condenado a 300 días de presidio remitido, es decir, sin privación de libertad. Tras ese lapso, Barría fue reintegrado a la policía.
En su informe de 2016, la RELE alegó que se mantenían los testimonios sobre el uso del derecho penal y de la fuerza policial para castigar la operación de radios comunitarias. “La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) estima que en el periodo 2015-2016 seis emisoras habrían sido allanadas, sus equipos confiscados y detenidos sus comunicadores. Según se informó, la mayoría de los procesos penales iniciados “concluyen con la suspensión condicional del juicio, con el compromiso de no transmitir por un año, entre otras medidas alternativas, lo cual termina teniendo un efecto silenciador para seguir comunicando”, advirtió la relatoría.
Además del trabajo de la Relatoría sobre Libertad de Expresión y otras instancias internacionales, como Amnistía Internacional, Human Rigth Watch o la ONU, a nivel nacional, en especial después de 2015 comienzan a generarse esfuerzos para levantar la información existente sobre agresiones a la libertad de expresión. Es el caso del trabajo realizado desde hace cinco años por los integrantes del Observatorio del Derecho a la Comunicación. Esta entidad, surgida desde la Defensoría Popular en 2016 y que, luego de independizarse y autodenominarse, en 2018, como Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC, puso atención a lo que venía ocurriendo entre la prensa y la policía.
“Ya veníamos trabajando con algunos colectivos de fotógrafos y fotógrafas, que sobre todo hacían cobertura de marchas y que venían siendo hostigados y agredidos desde hace años. De hecho, nos decían que desde 2011 se acrecienta esta práctica de trato hostil con la prensa. Entonces, el 2017, empezamos a hacer un trabajo un poco más sistemático: a documentar casos, a entender el problema y a generar instancias de formación en recomendaciones legales y de prevención sobre cómo actuar en casos de detención”, relata el director del ODC, Javier García.
Justamente, en 2017 se registraron diversos hechos de violencia hacia la prensa como detenciones, golpizas, disparos y hasta expulsiones de periodistas extranjeros, como lo documenta el Informe Agresiones a Comunicadores y Fotógrafos en Chile 2017. Uno de ellos fue Daniela Salazar, comunicadora que cubría la ocupación pacífica de la Conadi en Cañete, Región de la Araucanía. Fue detenida por Fuerzas Especiales de Carabineros y al año siguiente formalizada, junto a otras veinticuatro personas, por los daños a la oficina, los que ascendían a unos doce millones de pesos. En su informe de 2018, el ODC advirtió que los patrones de conducta policial se mantenían. Era la antesala del estallido social de 2019.
TRAS EL ESTALLIDO
En este contexto, en diciembre de 2019 se lanzó el primer Informe nacional sobre las vulneraciones a la libertad de expresión acaecidas entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019. El trabajo resultó del esfuerzo conjunto entre el Observatorio del Derecho a la Comunicación, ODC, la Fundación Datos Protegidos y académicas del Instituto de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Este estudio contabilizó, en sólo 1 mes y 1 semana, 132 vulneraciones a comunicadores y comunicadoras, de las cuales 19 fueron detenciones y 113 diversas agresiones, incluido 1 caso de trauma ocular con pérdida de visión en un ojo, todas registradas entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre de 2019.
Al año siguiente, en contexto de pandemia por Covid 19, la segunda versión del Informe Libertad de Expresión en Chile documentó que disminuyeron las agresiones (29), pero se elevaron las detenciones (75). Según este reporte, luego del 18 de octubre de 2019 crecieron conductas como hostigamiento judicial a periodistas, restricciones en el acceso de la información pública, seguimiento a comunicadores por agentes de inteligencia, presiones directas e indirectas sobre medios de comunicación y censura, entre otras.
Mira aquí el detalle por región y tipo de cada una de las denuncias de agresiones sufridas por comunicadores y comunicadoras de Chile y registradas por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, durante 2020. Cifras que podrían ser mucho más altas, pero que por diversos factores corresponden a un subregistro. Hecho del que son conscientes tanto los autores de los informes sobre la Libertad de Expresión en Chile, como otras organizaciones nacionales que han trabajado para recabarlas.
Así lo afirma Marcel Gaete, coordinador nacional de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas. “Lamentablemente, dice, es algo que hemos visto en el desarrollo del trabajo mismo. No todos los colegas o comunicadores llegan a hacer la denuncia o a formalizar con una querella o recurso de protección. A veces por desconocimiento y en otros casos, derechamente, por no confiar en el actuar de los organismos, ya sea Fiscalía, Defensoría Penal Pública o los tribunales”. El periodista ejemplifica esa desconfianza con uno de los casos de abuso policial más graves ocurrido en el norte del país en contra de periodistas. “De hecho, está el caso emblemático de unas colegas de Arica, ellas sufren agresión y tortura en la comisaría, en octubre del 2019 y recién el 15 de septiembre de 2021 fue formalizada la carabinera imputada”, señala Gaete.
Un tema que preocupa a ODC es que el declive del estallido social, primero, y de la pandemia, luego, no implicó una caída en las agresiones a la prensa. “Las cifras aumentan peligrosamente el primer trimestre de 2021 (…) Ahí es cuando es evidente que el ataque a la prensa está totalmente dirigido. Claramente, detienen a la prensa sabiendo que es prensa, saben a quién detienen y por qué lo detienen. El hostigamiento ha sido mucho más dirigido desde la pandemia, pero digamos que es menos agresivo, una de las hipótesis es porque se han conocido los datos, se han hecho públicos los datos, es decir, el gobierno y las policías saben que hay organismos rastreando esta información”, explica García. Según cifras del Observatorio del Derecho a la Comunicación, hasta junio de 2021 se han registrado 94 denuncias de vulneraciones a la prensa, de ellas 29 corresponden a detenciones y 65 a agresiones de diversa gravedad.
Información que según el director del ODC, no ha tenido el alcance internacional que debiera. “Nos ha costado mucho trabajo conseguir que esta información sea publicada en el extranjero, porque no estamos dentro del radar de las organizaciones internacionales, pero además hay algunas entidades chilenas que sí tienen proyección internacional, pero que están ocultando datos, por ejemplo, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) que forma parte de la Sociedad Internacional de Prensa (SIP), están ocultando información, incluso la de sus propios reporteros” denuncia García.
Justamente, según una revisión realizada, desde el 18 de octubre de 2019 en adelante, la ANP no compartió, absolutamente ninguna publicación relacionada con las agresiones de periodistas o trabajadores de la prensa en su fanpage de facebook, lo que por lo menos llama la atención pues se invisibiliza una situación documentada, no sólo en registros e informes, sino que también en investigaciones judiciales en curso.
Clasificación Mundial de la Libertad de prensa y Chile
Uno de los indicadores internacionales que ha permitido evidenciar la agudización de la violencia en contra de la prensa en Chile es la medición mundial anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF), que hace 20 años monitorea el ejercicio de la libertad de prensa en, actualmente, 180 países alrededor del mundo.
Una de las peores posiciones de Chile en su historia dentro de esta Clasificación es el lugar 80 al que llegó en 2011-2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Según se afirma en el comentario sobre Chile los abusos policiales no son sancionados, “…la revuelta estudiantil también cuestionó la extrema concentración de los medios de comunicación, a la violencia contra los periodistas se sumaron atentados contra redacciones, ataques físicos y en línea. Mucha de esta violencia se debió a los abusos de carabineros, que rara vez fueron sancionados, y quienes también cometieron brutales detenciones y destruyeron material de periodistas”, sostiene la publicación de 2011-2012 de Reporteros Sin Fronteras.
Según esta medición, a lo largo de los 20 años de la clasificación, Chile ha registrado varias caídas abruptas y lentas recuperaciones. Entre algunos de los hitos sociopolíticos históricos que se vinculan con esos descensos están, entre otros, la revuelta de los escolares en 2006; la agudización de la violencia estatal en el Wallmapu en 2008; las movilizaciones estudiantiles de 2011; las protestas contra el sistema de pensiones y el levantamiento del movimiento NO más AFP en 2015 y, por último, el proceso de revuelta social iniciado con el estallido de 2019.
