*En agosto se conoció la sentencia al llamado sicópata de Copiapó, tres cadenas perpetuas que lo mantendrán esta vez dentro de la cárcel de por vida, en un fallo que ha sido calificado como histórico por incorporar el enfoque de género. El cuerpo de Catalina sigue sin aparecer y el juicio fue acompañado por las familias y el plantón feminista.
Por Jessica Acuña Neira
Fue en la placilla morales. Catalina Alvarez Godoy tomó un colectivo en las inmediaciones, para volver a su casa en el sector de Paipote. Era la madrugada de un domingo 23 de junio del 2019. Tenía 16 años, iba en tercer año de educación media en el Liceo Comercial de Copiapó. Su madre, Ximena Godoy, recibió una llamada de Catalina, informándole que estaba tomando un taxi colectivo. Que ya llegaba. Era un tramo que normalmente transitas en diez minutos. Pero el colectivo lo conducía Hugo Pastén Espinosa. Desde entonces ella no volvió a aparecer.
El mismo sujeto que antes, el 17 de enero del 2019 asesinó y luego quemó la casa de la activista trans Susy Montalván, en un intento por esconder su crimen. Y una mañana del 5 de febrero en un pique minero asesinó y luego quemó el cuerpo de la joven boliviana Marina Cabrera. Hacía poco que había salido de la cárcel, de una condena de 24 años por violación, robo y secuestro a dos mujeres, libertad gracias a la “buena conducta” que mostró en sus once años de reclusión.
Tres años más tarde, el cabildo autoconvocado por las mujeres de la Placilla Morales organizó el 25 de junio una jornada de memoria por Catalina. Estaba presente su madre, Ximena Godoy. Las mujeres dibujaron y pintaron baldosas y azulejos para construir un memorial que recuerde la desaparición de la joven desde ese lugar. Las integrantes del Tinka Marina Cabrera levantaron un altar con flores, aguayos, frutas, y las fotos de las tres víctimas del llamado sicópata de Copiapó. Tocaron tambores, flautas y zampoñas y cantaron canciones con contenido feminista y ritmos andinos y latinoamericanos.
También hicieron un círculo, hablaron y cantaron. Compartieron testimonios. Y por supuesto que las mujeres de la Tinka bailaron.
Ximena ha sido el rostro visible de la demanda por justicia y por encontrar el cuerpo de su hija. Desde que Catalina desapareció comenzó una búsqueda junto a familiares, vecinos, vecinas y amigos que incluyeron sectores fuera de la ciudad, es decir en el extenso desierto de Atacama plagados de cerros en los que existe una gran cantidad de piques mineros, minas en su mayoría abandonadas desde hace años o décadas. En uno de ellos encontraron los restos de Marina Cabrera.
— Espero que se haga justicia o sea que condenen a este tipo a que nunca más vuelva a salir de la cárcel, porque es una mente enferma. Quiero expresar mi malestar porque todo se hizo mal desde un principio, yo quiero que nunca más vuelva a pasar que la justicia vuelva a cuestionar a las chicas porque se desaparecen o que te digan ‘su hija se fue con una amiga o con el pololo’, si tu hija se te desaparece lo primero que tienen que hacer es actuar, salir a buscar. La justicia salió un mes después, nos hizo perder tiempo. Con esto que pasó con Susy, con la Marina y con el incendio de su casa, todos los del sistema judicial deberían hacer un mea culpa, tanto la policía, la fiscalía y cambiar su modo de pensar.
Ximena cree que la desaparición, las protestas feministas en este y otros casos han significado un cambio.
— Después de que pasó lo de Ámbar y de otros casos, ahora se pierde alguien y salen a buscar, eso no lo hicieron con la Cata. Ellos nunca se imaginaron que este tipo era un psicópata en serie y nadie le tomó la importancia que a la Susy la quemaron. En el caso de la Marina se desapareció y nadie más habló del tema, pero sí dijeron tanta cosa… hasta a su propia pareja lo culparon por la desaparición. Pero el caso de la Cata se hizo público desde el primer momento, no se dejó como que pasó no más —recuerda Ximena sobre todo lo que han recorrido junto a las organizaciones feministas de Atacama para hacer pública la exigencia de la búsqueda, la detención del depredador y la demanda por justicia.
PLANTÓN FEMINISTA
Durante los 45 días del juicio oral, que comenzó en mayo del 2022, se organizó el plantón feminista, en el bandejón central ubicado en las afueras del Tribunal de Juicio Oral. Instalaron un altar a las tres víctimas, con sus fotografías y velas, que cada mañana prendían. Metros más allá pintaron lienzos alusivos y carteles con las fotografías e historias de cada una de las víctimas de la violencia de género que han ido registrando: Joseline Camberes, Fernanda Cortés, Thiare Elgueda, Tanya Aciares, Santa Cecilia Meza, Gicela Ávila, Ximena Cortés, Carolina Tapia, Maribel Mellea, Nancy Ocaranza, Fernanda Rivas, Stephania Morales, entre demasiadas que no están.
Desarrollaron también conversatorios. Vinieron feministas de las distintas comunas de Atacama y del país. Hubo intervenciones artísticas, cantos, gritos y con un parlante conectado a la transmisión online siguieron los momentos públicos del juicio. En uno de los conversatorios, el realizado el 14 de julio con las visitas de Pía Lorca de CODEPU y Julieta Rivera de la Agrupación de Familiares de Víctimas de Femicidios, en el mismo plantón, hablaron sobre la visibilización de la violencia hacia las mujeres y la necesidad de cambios en el sistema y la legislación. En especial de la revictimización que viven en el sistema, desde denuncias hasta argumentos machistas que aún tienen que escuchar durante audiencias y juicios.
—La defensoría argumentó aludiendo a Susy, como a Catalina y Marina que se fueron voluntariamente con Hugo Pastén, claro, me puedo subir voluntariamente a un colectivo, o dejarlo entrar a mi casa, pero en el momento en que él ejerce violencia, cierra la puerta de su auto o de la casa y me llevas a un destino que no es el que acordamos se acabó el acuerdo de voluntariedad —argumentaba Pía Lorca en este conversatorio que se transmitió en redes sociales (@asambleamujeresdisidenciascppo).
— Estamos cansadas que en muchos casos la defensoría alega la deshonestidad de la víctima, no queremos que lesionen más su dignidad y re victimicen a sus familias y amigos/as y más encima lo llevan a los medios de comunicación donde culpan a la víctimas y les limpian la imagen. Debemos cambiar la legislación para que las condenas a los violadores y los que ejercen violencia contra las mujeres matando no sean sometidos a los mismos beneficios intrapenitenciarios, como ocurrió con Hugo Pastén que no alcanzó a cumplir la mitad de la pena, porque un sicópata se va a comportar para obtener un resultado, y van a ser un peligro para las mujeres y la sociedad hasta el último día de sus vidas — argumentó Pía sobre estos cambios.
Ese día que el Tribunal dio a conocer el veredicto que declaró a Hugo Pastén culpable, Ximena salió del tribunal, con rostro triste pero con fuerza y recibió uno a uno los abrazos de las mujeres que estaban en el plantón. Les agradeció su presencia y compañía y luego habló con la prensa:
— Nosotras acá cerramos un ciclo, que (Pastén) no salga nunca más de la cárcel, pero nosotras seguimos con la búsqueda. Yo sin mi hija no me voy a quedar tranquila — dijo.
El domingo 7 de agosto, día de la sentencia, el plantón feminista se hizo presente escuchando el fallo de los jueces que dictaminó tres penas de presidio perpetuo calificado contra Hugo Pastén, más 20 años por el incendio de la casa de Susy Montalván. Una sentencia que fue destacada desde la institucionalidad por parte del Fiscal Regional del Ministerio Público como “inédita” y con la “incorporación de perspectiva de género” y en su declaración pública incorporó un compromiso de continuar con la búsqueda de Catalina.
Mientras que las organizaciones Tejido de Mujeres Feminista en Atacama, Asamblea de Mujeres y Disidencias de Copiapó, Unión de Mujeres de Atacama (UDEMA), Resueltas del Valle, Red Feminista Chañaral, Tinku Marina Cabrera, la Rebelión del cuerpo de Atacama, firmaron una declaración pública que leyeron en la oportunidad declarando también que era “un juicio histórico para las luchas antifemicidas dadas en esta territoria”.
La declaración está en redes sociales y destaca la responsabilidad del Estado a través del sistema de justicia “deja libre por ´buena conducta´ a este femicida y asesino serial. Por tanto, no solo debe ´hacer justicia´ por estos cruentos femicidios, sino comprender que es responsable por ellos”. También criticaron a la defensoría penal pública por pedir desde el primer día “la absolución, intentando justificar estos crueles femicidios amparados en argumentos machistas, misóginos y sexistas, que no hacían más que poner en tela de juicio sus propias competencias y ética profesional”.
Pero también destacan que ha sido un espacio de sororidad, solidaridad entre mujeres “nos acuerpamos y levantamos un Plantón Feminista, forjando un sitio de memoria feminista para Sussy, Marina y Catalina. Un espacio político feminista al aire libre que visibiliza la violencia femicida que albergan estos y otros crímenes en Atacama”.
Muy diferente a las sentencias de casos anteriores, es decir, sin tipificación de feminicidio ni enfoque de género. Por ejemplo, Carolina Tapia, asesinada por su pololo como respuesta a su reciente embarazo, recibió en octubre de 2011 una condena de 7 años por homicidio calificado, de la cual cumplió sólo la mitad en la cárcel. Fernanda Rivas, trabajadora sexual, fue asesinada por Christian Maya Veas, su agresor fue condenado a seis años de cárcel por el delito de homicidio en agosto de 2012.
En Atacama aún hay mujeres desaparecidas
Thiare Elgueda salió de su casa en Copiapó rumbo a Caldera un 2 de noviembre de 2020 y aún no han encontrado su paradero ni responsables de su desaparición.
Tanya Aciares salió de la casa de su abuela en octubre del 2018. Hasta la fecha continúa desaparecida.
Las organizaciones feministas han declarado, por estas desapariciones y femicidios, que #Atacamanoesterritorioseguroparalasmujeres.
Violadores en libertad
En septiembre de 2022 Karina Fajardo murió luego de asistir a una fiesta propiedad de la familia Campbell ubicada en el callejón Toro Lorca del pueblo San Fernando en Copiapó. Sufrió una violación grupal, tenía marcas en el cuello observadas por los paramédicos. Alejandro Silva Guajardo fue uno de los condenados por este crimen a 7 años de cárcel por violación y 1 año y cuatro meses, por cuasi delito de homicidio, esto previo a la ley de femicidios y a la ley Gabriela. Salió libre y fue detenido en agosto del 2019 esta vez por la violación reiterada a una menor de 12 años de edad.
Varios de los casos de alta conmoción pública de los últimos años en el país, violadores han salido libres y han continuado con sus crímenes agregando femicidios.
Femicidios, desapariciones de mujeres y responsabilidad del Estado
En Chile, se considera femicidio el asesinato de una mujer, más allá de si existe o existió una relación de pareja, considerando que el asesinato femicida es la manifestación más clara de la desigualdad entre los géneros. El femicidio se reconoció por primera vez en Chile en el año 2001, pero sólo para aquellos ocurridos al interior de un matrimonio o convivencia, antes de eso este tipo de crímenes recibían una muy baja penalidad, los agresores podían alegar como eximientes sufrir una emoción que le nublara el juicio -una especie de locura temporal- y la irreprochable conducta anterior, es decir que no se trataba de delincuentes habituales.
Las organizaciones feministas durante décadas han luchado por la tipificación de los femicidios, mientras que las convenciones internacionales que promueven la igualdad de género han promovido cambios en las legislaciones de los estados que incorporen los femicidios y medidas para disminuirlos.
Chile está suscrito a la Cedaw, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y a la Convención americana interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (más conocida como Convención de Belém do Pará), ambas obligan a Chile a hacer un seguimiento de las políticas que implementa en materia de igualdad de género y en específico para eliminar la violencia contra las mujeres, como también a implementar nuevas medidas. Según ellas, Chile tiene el deber de proteger a las mujeres y niñas de la violencia estructural.
A partir de marzo de 2020 en Chile se tipifica el femicidio como el asesinato de mujeres por razones de género, incluyendo las relaciones informales así como también las motivadas por el odio, el desprecio, el placer o la suposición de propiedad sobre las mujeres, es decir por la discriminación de género, conocida como ley Gabriela.
Según la Red Chilena contra la violencia hacia las mujeres, en Chile los femicidios en los últimos 11 años fluctúan entre 45 a 69 cada año, 622 mujeres víctimas de femicidio, con una tasa de 6,98 en una tendencia sostenida, es decir, no disminuye y que da cuenta de la necesidad de tomar medidas que desnaturalicen la violencia hacia las mujeres y niñas.
La impunidad de los crímenes es uno de los factores a eliminar, y por eso que exista enfoque de género en el poder judicial es importante, como ocurrió en el caso de Catalina y del sicópata Hugo Pastén. Una esperanza es que en la nueva constitución se establece como obligatorio el enfoque de género en la aplicación de justicia, contrarrestando así los patrones culturales que fomentan los prejuicios machistas y misóginos con que muchas veces son juzgadas las mujeres.
En Chile, la desaparición de mujeres y niñas se considera un secuestro permanente. Según los estándares internacionales en derechos humanos, cuando el Estado interviene a través de uno de sus agentes en la desaparición de personas (hombres o mujeres), se le llama desaparición forzada y tiene mayor gravedad, y es por tanto deber del Estado aplicar justicia y reparar en esos casos.
Sin embargo, hay un nuevo enfoque aconsejado por el comité de seguimiento de la convención Belen do Pará dada la continua desaparición de mujeres en toda América y dice que “cuando existe un contexto de violencia generalizada contra las mujeres, entendido este desde los estándares de la Corte, así como un patrón continuado de desapariciones de mujeres, existe entonces participación del Estado por omisión activa. Esto conlleva que dichas desapariciones estén sucediendo bajo la tolerancia y/o aquiescencia del Estado, y por lo tanto, califiquen como desapariciones forzadas de mujeres”.
Además, en apoyo a la demanda por encontrar a Catalina y las otras mujeres y niñas desaparecidas, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que “cuando una mujer y una niña desaparece, las autoridades deben presumir que […] está privada de su libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre de la suerte que ha corrido”, por tanto Chile, como país como asociado debería seguir este criterio. De lo contrario, podría ser demandado por no cumplir con la convención americana.
